El Impacto de la Nueva Administración Digital en el Marco de las CCAA y Entidades Locales. Indicadores Clave.

I. Introducción. El contexto histórico.

Nuestro texto constitucional vigente, aprobado en 1978, incluye en su Título VIII uno de los sistemas más complejos desde el punto de vista del Derecho Constitucional comparado, para el tratamiento de las diversas regionalidades y nacionalidades que integran nuestro territorio. En suma ya se establece en el Artículo 2 de la CE, que la Unidad de España es Indisoluble, y que se compone de diversas nacionalidades y regiones que integran el Territorio español, atendiendo al principio de solidaridad.

Es por esa razón, que históricamente el mecanismo de implantación y desarrollo de las competencias regionales y la correcta distribución de las relaciones de coordinación y cooperación, está lejos de ser resuelta tras casi 40 años de aplicación de nuestra Ley de Leyes.

No obstante, el impacto de las TIC, puede ayudar a configurar uno de los marcos más avanzados del mundo en lo que se refiere a un ejemplo de descentralización en un Estado Social y Democrático Avanzado, como establece nuestro Texto Constitucional en su Artículo primero.

Finalmente, en ese contexto, será necesario entender, cómo las relaciones financieras existentes entre los distintos entes configurados por el Artículo 137 de la CE,  pueden llevarse a término, para cumplir con las especificaciones de la reciente reforma constitucional del Artículo 135, llevada a cabo en el marco de la estabilidad presupuestaria y los compromisos asumidos por España en el ÇMArco de la Unión Europea en base al TUE y TFUE.

Finalmente, serán las tendencias e indicadores, los que marquen la pauta de resolución de la lógica de los eventos que decidan el futuro de este Estado Social, Democrático y de Derecho, que combina la Coexistencia de las Regiones y Nacionalidades con la Existencia de una Indisoluble Unidad marcada por los principios de Solidaridad, Coordinación y Colaboración, en el marco de una Convergencia Real, tal y como ya puso de manifiesto la Exposición de motivos de la Ley 20/2013 relativa al desarrollo y garantía de la Unidad de Mecado.

II.-Mecanismos de Financiación Autonómica actual.

Son diversos los mecanismos que se han seguido en las diversas etapas de la obtención de la Autonomía, en el marco de los Artículos 151 y 143, dependiendo respectivamente del acceso por la vía rápida o ralentizada, a las competencias autonómicas. No obstante, el proceso autonómico hasido complejo, ya que ha dependido fundamentalmente del sistema de financiación y del principio de solidaridad consagrado en el Artículo 2 de la CE.

Resulta importante constatar que podríamos hablar de tres velocidades o fases en el desarrollo del proceso autonómico en España: Una primera fase próxima a los denominados Pactos Autonómicos de 1981, que supuso que se acuñara el término “Café para todos” y que dió como resultado el advenimiento de los estatutos de autonomía de primera Generación, culminando en aquella polémica Ley  12/1983 del Proceso Autonómico, cuyos artículos en gran medida, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. La razón sin duda, fue la diferente velocidad de acceso de aquellas CCAA que pasaron por la vía lenta a asumir competencias, respecto de aquellas que accedieron por la vía del 151, lo que motivó agravios comparativos entre las comunidades históricas y aquellas que no lo eran.

Una segunda fase, fue, la llamada segunda generación de estatutos, en la que durante la etapa de 1992, se fueron aproximando competencias autonómicas, en materia de sanidad, empleo y educación, fundamentalmente, completándose con otras cuestiones relacionadas con financiación regional, así como intereses derivados de los fondos Europeos, especialmente el FEDER , en lo referente al desarrollo Regional para intentar la convergencia interterritorial, en el marco del principio de solidaridad del Artículo 2. En esta fase se llevó a cabo el denominado segundo pacto autonómico.

Por último, cabe determinar unatercera fase, 2004-2008 en la que se llevaron a término, diferentes estatutos de autonomía de tercera generación, ejerciendo competencias mucho más completas y casi agotando los términos del juego competencial de los artículos 148 y 149 de la CE, considerando que aquellas competencias practicamente se llegaban a igualar en la casi totalidad de las CCAA. Cabe mencionar entre otros los Estatutos de la CA Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Navarra, Cataluña, y el Fracasado Plan Ibarretxe en Euskadi.

Así mismo, se puso de manifiesto, la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos de algunos de esos estatutos, entre otros del Estatuto de Cataluña y el rechazo global del denominado Plan Ibarretxe.

Todo ello Puso de relieve, la inminente necesidad de realizar una lógica que regulara la financiación en base al principio de solidaridad y que al mismo tiempo cumpliera con los requisitos de los artículos 1, 2 148, 149 de nuestro texto constitucional, para garantizar el equilibrio financiero y el pacto de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de nuestro texto constitucional, y las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012 de Equilibrio Presupuestario.

1º.- Marco Financiero.

Para seguir esas medidas se diseñó un mecanismo consistente en una doble dimensión:

a).-Compromiso de fomentar la convergencia de los niveles de Renta “per Cápita” encomendado al Fondo de Compensación Interterritorial.

b).-Un compromiso de ofrecer servicios esenciales homogeneos para garantizar que todo el territorio Nacional tendrá acceso al mismo nivel de servicios esenciales para los ciudadanos.

De esta forma, ante la complejidad del sistema, se llegó a la lógica de generar una Reforma en 2009 de la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la que se partía de dos modelos diferentes: Los Territorios Forales (Navarra y PAís Vasco) y el Resto de las CCAA, con lo que suponía que los recursos del Estado ascenderían al 51% del Total.  Este nivel tan grande de descentralización requería una lógica estructurada en diferentes niveles conforme al Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera: Diferenciar entre, tributos cedidos, para las CCAA, como el Patrimonio, etc…Donde obtienen el 100% de los recursos.

Tributos parcialmente cedidos en diversos porcentajes entre el 30 y el 51%, como son el IVA o el IRPF, etc…

Fondos de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para Garantizar el cumplimiento de la prestación de servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en todas las CCAA de cara al ciudadano.

Fondos de Suficiencia Global,  Para consolidar y completar por parte de aquellas comunidades que tienen asumidas mas competencias, la diferencia solidaria con el resto.

Y por último, se crean dos Fondos adicionales de Convergencia mediante aportación estatal:

-Fondo de Competitividad, para garantizar la equidad y la eficacia de cara a las necesidades de los ciudadanos.

-Fondo de Cooperación: Su objetivo es tratar de equilibrar los niveles de renta entre los ciudadanos.

2º.-Financiación y Estabilidad Presupuestaria.

La Ley 2/2012, supuso el marco de un pacto de estabilidad en el que se esbozaban diferentes mecanismos de compensación solidaria para cumplir con las exigencias del artículo 135 de la CE, tras la Reforma operada en 2011, en base a los compromisos con el Pacto de Estabilidad del Reino de España, suscrito con la UE.

Así se establece la existencia de un Límite máximo de Deuda Publica distribuído de la siguiente forma: 60% de límite general, del cuál corresponderá al Estado un 44%, un 13% a las CCAA y un 3% máximo a las Entidades Locales.

Adicionalmente se Crea el FLA ( Fondo de Liquidez Autonómica) Dirigido por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y que permite la presentación de planes de Ajuste en caso de desviaciones en los términos regulados legalmente,así como la adopción de adhesiones a medidas de racionalización del gasto.

3º.-Objetivos y Plan 2017-2019.

En Febrero de 2017, el Consejo de Ministros ha aprobado un modelo para a través de un grupo de expertos trabajar en la evaluación de un nuevo modelo de financiación autonómica que permita actualizaciones en el futuro, en el marco de la LO 2/2012 de Estabilidad Financiera y Presupuestaria.

Finalmente, los objetivos de déficit fijados en Diciembre de 2016 para los siguientes ejercicios son:  0,6% 2017, 0,3%2018 y 0% para 2019. Como objetivo común para todas las CCAA.

III.-Relaciones de Colaboración y Cooperación.

Tras la Publicación de las Recientes Leyes 39/2015 y 40/2015 del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público, junto al Juego de los Artículos 148 y 149 de la CE, resulta de interés destacar un marco global de Colaboración y Cooperación, diferenciando ambos:

a) Colaboración: Se referiría a la firma de convenios de Colaboración en los términos de la legislación mencionada arriba, así como los Planes y Programas Conjuntos de Actuaciones.

b) Cooperación:Se trataría de instrumentos fijados tales como las Conferencias de Presidentes, Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación, en los Términos establecidos por las leyes 39 y 40 /2015.

IV.-Administración Local y Provincial.

Al igual que en la Administración Autonómica, la CE, establece y Garantiza en el Artículo 137, la Autonomía de de los Entes locales así como su caracterización y suficiencia.  A tenor del Art 140 de la CE. Tales entes son Municipios, Provincias, Islas y en ciertas circunstancias, Areas Metropolitanas y Comarcas, Así Como Mancomunidades.  Todos ellos están Regulados por la LBRL (Ley de Bases del Régimen Local Ley 7/1985) Así como sus Modificaciones Sucesivas y Complementarias. En este punto la LEy 20/2013 de Garantía de Unidad de MErcado, viene a sentar las bases de una racionalización de cargas coordinada para garantizar un sistema que permita la prestación coherente de servicios en base a la Directiva de Servicios de la UE 123/2006.

Ante los retos futuros de la Agenda 2020, la conexión de las Administraciones a la Red SARA, supondrá una Interoperabilidad total y una convergencia Total con el ENS y ENI en octubre de 2018, fecha en la que está prevista la completa entrada en vigor de los sistemas de registros y puntos únicos de acceso, etc…previstos en la Ley 39/2015.  Este evento supondrá un hito sin precedentes en España.

Finalmente, es importante destacar, que en 2020, al menos el 50% de la población dispondrá de banda ancha de 100 megas,  como servicio universal y el otro 50, al menos de 30 megas, lo que implicará un esfuerzo sin precedentes en los municipios con mayores barreras de acceso a la tecnología. Actualmente, el Informe ONTSI, de febrero 2017, refleja que en el último trimestre de 2016, la convergencia de Banda Ancha en España ya es del 100% con los valores de la MEdia de la Unión Europea, si bien, conviene precisar que aún existe una Brecha digital entre Regiones, pero especialmente debido a la orografía de nuestro Territorio.

V.- Conclusión: Impacto de la Administración Digital. Planes y Lógica Jurídica. Futuro Tecnológico y Tendencias.

La Implantación de lo previsto en las Leyes 39 y 40/2015 implican, claramente el Reconocimiento de Una Administración Digital en España. La Diferente lógica de Anexión entre las Comunidades Autónomas ya viene prevista en dichas Leyes. Dado que el Artículo 149 Establece que las Bases  del Régimen Jurídico de las AAPP, son competencia estatal, se establece un sistema de regulación que supondrá “de facto” una convergencia en términos tanto de interoperabilidad, como de seguridad, como de reconocimiento de los derechos establecidos en los Artículos 3 y siguientes de la Ley 39/2015, así como de generar una convergencia real en 2019 con la Unión Europea en la mayoría de los indicadores básicos, llegando incluso a niveles del 110% en cuestiones tales como la reutilización o la eficiencia de recursos, lo que nos permitirá estar a la vanguardia europea en caso de cumplirse los objetivos previstos en la agenda 2020.

StarViewerTeam 2017

¿Qué significa un Estado Social, Democrático y de Derecho?

Muchos no se han dado cuenta, pero todos lo tenemos muy cerca. Tan cerca que no hace falta más que leer el Artículo primero de la Constitución Española de 1978, (Aún en vigor).

Podemos leer sin lugar a discusiones en el Art 1º.1 que:

España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho…

Bien. Un curioso trabalenguas para algunos, ya que se tratan de forma simultanea cuatro conceptos fundamentales: (Estado, Social, Democrático y de Derecho). Ni más ni menos:

1º.-Un Estado: Algo que algunos pretenden cuestionar, y que claramente es incuestionable hasta que no se modifique el texto constitucional. (Con esto ni manifestamos acuerdo ni desacuerdo, simplemente nos remitimos a la legalidad vigente del texto constitucional y su rigor). Obvia decir que están de más todas aquellas manifestaciones que van en contra de la voluntad general de todos los ciudadanos hasta que no se vuelva a refrendar otra Constitución que sustituya la vigente.

2º.-Social. Curiosa referencia, con ella se pretende reforzar la estructura basada en el pueblo, donde reside la Soberanía. Es decir, es el pueblo, no los políticos los que deciden lo que España es y debe ser, y a tal efecto el propio Título Preliminar de la Constitución acoge figuras tales como la representación sindical, laboral, asociaciones empresariales, así como toda serie de referencias a asociaciones ciudadanas de interés legítimo, fundaciones, etc…Es más en el Artículo 7º. de la CE, se establece la capacidad para la libertad de su creación y ejercicio de su actividad. Incluso va más lejos, ya que se garantiza la obligación del Estado de promover la libertad e igualdad de los grupos sociales (Art 9º.2), reconociendo con la máxima amplitud no únicamente el derecho de asociación (Art 22) y las formas específicas de asociación, como la sindical, reconociendo los derechos de huelga y negociación colectiva (Arts 28 y 37), así como otras formas tales como las Fundaciones, Asociaciones, Colegios y Organizaciones Profesionales, atribuyéndoles derechos tales como la planificación económica general, (Art 131.2), la Participación de las empresas en sociedad cooperativa (Art 129), recogiendo los principios de solidaridad cooperativa, (105) en las decisiones que afectan a los agentes sociales, Las Asociaciones de Consumidores y usuarios (Art 51), la negociación colectiva (Art 51) y una Seguridad Social Pública (Art 41).

Pero no queda aquí la consideración de “Social” sino que va más lejos, hasta el punto que expresamente configura un artículo el 9º, para impedir malentendidos que establece literalmente que:

9º.2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social“.

Curioso citar esto en los tiempos que corren. No está de más recordárselo a los que lo incumplen sistemáticamente. Todos ellos juraron en sus nombramientos defender y respetar la Constitución Española. (¿Lo sabían?).

Pero sigamos. Esto se pone cada vez más interesante. La libertad, se empareja con la igualdad en la CE de 1978.

Y así es: Desde este punto de vista, el párrafo primero del art. 9º de la Constitución, significa dos cosas: Primero, que el Estado asume una acción positiva al servicio de la libertad, como contenido básico de la dignidad humana y de los derechos inviolables que le son inherentes (Art 10). Pero así mismo, también se proyecta esa acción del Estado hacia una realización efectiva, que consiste fundamentalmente en la remoción de obstáculos, trabas para promover las condiciones efectivas de igualdad. Esto implica una función de redistribución de renta y riqueza, tanto a nivel personal, como a nivel regional, tal y como expresa literalmente el artículo 40.

Para una distribución de la renta personal y regional más equitativa. (Art 40).

3º.-Estado Democrático:

Pero ¿Qué significa un estado democrático? Pues es sencillo: Aquel en el que la soberanía nacional reside en el pueblo que lo constituye. Esto es: el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y no a la inversa como muchos parecen querer dejar entrever. Y el término se reitera una y otra vez a lo largo de todo el texto constitucional incluso en lo relativo por imperativo al funcionamiento interno de los propios partidos a los que se pide que adecúen su estructura interna (art 6º), y al igual, plantea la misma exigencia al resto de las asociaciones del artículo 7º, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, etc…

Pero no se queda ahí, ya que consciente de la necesidad de proveer un presente y un futuro democrático que quede garantizado en el tiempo, establece que la educación, que es la base de los pilares del sistema, debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia (art 27) ya que el Preámbulo insiste en declarar que se proclama y se garantiza una convivencia democrática y una sociedad democrática avanzada.

Pero bajemos a la estructura última y a los mecanismos de garantía de ese estado democrático:

La participación de los ciudadanos es la base de todo el sistema: Sin ciudadanos no hay democracia y son los ciudadanos los que deciden en la base social con el respeto a las mismas normas y principios que hacen que la sociedad sea plural, avanzada y democrática. Dicho de otra manera: La Soberanía Nacional Reside en el Pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Sin Pueblo no hay soberanía. (¿Alguien lo duda?) Pues parece que todo esto muchos lo han olvidado.

Pero bajemos a las instituciones concretas: El artículo 66, señala que las Cortes Generales son representantes del pueblo español, que también debe estar representado en la Administración y en la Justicia, que no olvidemos son servidores civiles, tal y como establecen los arts (105 y 125). Pero incluso esta representación debe llegar al ámbito de la Seguridad Social (art 129) de ahí su carácter Universal. 

Pero es que recordemos que el Gobierno está vinculado en el Título V de la Constitución (ésta le dedica un título entero) a las Cortes Generales por responsabilidad política, ya que es el órgano de representación del Pueblo en la ejecución de esa soberanía. Por tanto, es el pueblo el verdadero titular del sufragio universal, libre, directo, igual y secreto.

Pero es que adicionalmente, esa soberanía se refuerza con otros tres principios, el de referendo (art 92) el de iniciativa legislativa (art 87) y el de referendo de ratificación constitucional (art 168).

4º.-Un Estado de Derecho.

El Artículo 10 de la Constitución dice textualmente:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

Ello significa como  Social y de Derecho que el Estado debe promover y promueve las condiciones y remueve los obstáculos, para que la libertad y la igualdad que corresponden a la dignidad de la persona sean efectivas.

Por último, el apartado 3 del artículo 9º de la Constitución Española, determina una serie de principios generales que deben constituirse en garantía de ese Estado de Derecho, y son:

1º.-Los principios de legalidad y jerarquía normativa, para que las normas de inferior rango jerárquico no vulneren lo dispuesto en las normas de superior jerarquía, (Art 106 y 161) de forma que los reglamentos y/o actos administrativos del Gobierno, no puedan vulnerar lo dispuesto en la Legislación aprobada en Cortes, ni ésta lo dispuesto en las leyes orgánicas, ni las Leyes Orgánicas lo dispuesto en la Constitución, salvo los oportunos procedimientos de Reforma Constitucional y los denominados estados excepcionales previstos para casos de emergencia.

2º.-La publicidad de las normas y su publicación en el BOE que es garantía de seguridad.

3º.-La irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, ninguna norma puede con efectos retroactivos limitar derechos adquiridos o expectativas jurídicas legítimas.

4º.-La interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos, como un efecto complementario para sujetar esos poderes al Derecho, evitando resoluciones arbitrarias, (art 102, 121, etc..) Respecto del Gobierno, la Administración de Justicia, etc…Pero así mismo, también la interdicción de la arbitrariedad de las Comunidades Autónomas, establecido en los arts 153 y 155.

5º.-La garantía de la seguridad jurídica, como cumplimiento de ese principio general del Estado de Derecho.

Por tanto, una vez más desde el final, volvemos otra vez al principio para recordar a todos aquellos que lo han olvidado, que España es un Estado, Social, Democrático y de Derecho, y en el que los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial emanan del Pueblo en el que reside la soberanía.

Esas y no otras son las exigencias  del artículo 1º de la Constitución y aquí se lo recordamos a todos aquellos que parecen haberlo olvidado, en especial a la clase política en general, que hace poco (individual y colectivamente) juró cumplir esa Constitución, juramento que les vincula con el pueblo soberano.

Saquen sus propias conclusiones.

StarViewerTeam International 2012.

Un sitio web WordPress.com.

Subir ↑