El Impacto de la Nueva Administración Digital en el Marco de las CCAA y Entidades Locales. Indicadores Clave.

I. Introducción. El contexto histórico.

Nuestro texto constitucional vigente, aprobado en 1978, incluye en su Título VIII uno de los sistemas más complejos desde el punto de vista del Derecho Constitucional comparado, para el tratamiento de las diversas regionalidades y nacionalidades que integran nuestro territorio. En suma ya se establece en el Artículo 2 de la CE, que la Unidad de España es Indisoluble, y que se compone de diversas nacionalidades y regiones que integran el Territorio español, atendiendo al principio de solidaridad.

Es por esa razón, que históricamente el mecanismo de implantación y desarrollo de las competencias regionales y la correcta distribución de las relaciones de coordinación y cooperación, está lejos de ser resuelta tras casi 40 años de aplicación de nuestra Ley de Leyes.

No obstante, el impacto de las TIC, puede ayudar a configurar uno de los marcos más avanzados del mundo en lo que se refiere a un ejemplo de descentralización en un Estado Social y Democrático Avanzado, como establece nuestro Texto Constitucional en su Artículo primero.

Finalmente, en ese contexto, será necesario entender, cómo las relaciones financieras existentes entre los distintos entes configurados por el Artículo 137 de la CE,  pueden llevarse a término, para cumplir con las especificaciones de la reciente reforma constitucional del Artículo 135, llevada a cabo en el marco de la estabilidad presupuestaria y los compromisos asumidos por España en el ÇMArco de la Unión Europea en base al TUE y TFUE.

Finalmente, serán las tendencias e indicadores, los que marquen la pauta de resolución de la lógica de los eventos que decidan el futuro de este Estado Social, Democrático y de Derecho, que combina la Coexistencia de las Regiones y Nacionalidades con la Existencia de una Indisoluble Unidad marcada por los principios de Solidaridad, Coordinación y Colaboración, en el marco de una Convergencia Real, tal y como ya puso de manifiesto la Exposición de motivos de la Ley 20/2013 relativa al desarrollo y garantía de la Unidad de Mecado.

II.-Mecanismos de Financiación Autonómica actual.

Son diversos los mecanismos que se han seguido en las diversas etapas de la obtención de la Autonomía, en el marco de los Artículos 151 y 143, dependiendo respectivamente del acceso por la vía rápida o ralentizada, a las competencias autonómicas. No obstante, el proceso autonómico hasido complejo, ya que ha dependido fundamentalmente del sistema de financiación y del principio de solidaridad consagrado en el Artículo 2 de la CE.

Resulta importante constatar que podríamos hablar de tres velocidades o fases en el desarrollo del proceso autonómico en España: Una primera fase próxima a los denominados Pactos Autonómicos de 1981, que supuso que se acuñara el término “Café para todos” y que dió como resultado el advenimiento de los estatutos de autonomía de primera Generación, culminando en aquella polémica Ley  12/1983 del Proceso Autonómico, cuyos artículos en gran medida, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. La razón sin duda, fue la diferente velocidad de acceso de aquellas CCAA que pasaron por la vía lenta a asumir competencias, respecto de aquellas que accedieron por la vía del 151, lo que motivó agravios comparativos entre las comunidades históricas y aquellas que no lo eran.

Una segunda fase, fue, la llamada segunda generación de estatutos, en la que durante la etapa de 1992, se fueron aproximando competencias autonómicas, en materia de sanidad, empleo y educación, fundamentalmente, completándose con otras cuestiones relacionadas con financiación regional, así como intereses derivados de los fondos Europeos, especialmente el FEDER , en lo referente al desarrollo Regional para intentar la convergencia interterritorial, en el marco del principio de solidaridad del Artículo 2. En esta fase se llevó a cabo el denominado segundo pacto autonómico.

Por último, cabe determinar unatercera fase, 2004-2008 en la que se llevaron a término, diferentes estatutos de autonomía de tercera generación, ejerciendo competencias mucho más completas y casi agotando los términos del juego competencial de los artículos 148 y 149 de la CE, considerando que aquellas competencias practicamente se llegaban a igualar en la casi totalidad de las CCAA. Cabe mencionar entre otros los Estatutos de la CA Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Navarra, Cataluña, y el Fracasado Plan Ibarretxe en Euskadi.

Así mismo, se puso de manifiesto, la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos de algunos de esos estatutos, entre otros del Estatuto de Cataluña y el rechazo global del denominado Plan Ibarretxe.

Todo ello Puso de relieve, la inminente necesidad de realizar una lógica que regulara la financiación en base al principio de solidaridad y que al mismo tiempo cumpliera con los requisitos de los artículos 1, 2 148, 149 de nuestro texto constitucional, para garantizar el equilibrio financiero y el pacto de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de nuestro texto constitucional, y las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012 de Equilibrio Presupuestario.

1º.- Marco Financiero.

Para seguir esas medidas se diseñó un mecanismo consistente en una doble dimensión:

a).-Compromiso de fomentar la convergencia de los niveles de Renta “per Cápita” encomendado al Fondo de Compensación Interterritorial.

b).-Un compromiso de ofrecer servicios esenciales homogeneos para garantizar que todo el territorio Nacional tendrá acceso al mismo nivel de servicios esenciales para los ciudadanos.

De esta forma, ante la complejidad del sistema, se llegó a la lógica de generar una Reforma en 2009 de la LOFCA (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la que se partía de dos modelos diferentes: Los Territorios Forales (Navarra y PAís Vasco) y el Resto de las CCAA, con lo que suponía que los recursos del Estado ascenderían al 51% del Total.  Este nivel tan grande de descentralización requería una lógica estructurada en diferentes niveles conforme al Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera: Diferenciar entre, tributos cedidos, para las CCAA, como el Patrimonio, etc…Donde obtienen el 100% de los recursos.

Tributos parcialmente cedidos en diversos porcentajes entre el 30 y el 51%, como son el IVA o el IRPF, etc…

Fondos de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para Garantizar el cumplimiento de la prestación de servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en todas las CCAA de cara al ciudadano.

Fondos de Suficiencia Global,  Para consolidar y completar por parte de aquellas comunidades que tienen asumidas mas competencias, la diferencia solidaria con el resto.

Y por último, se crean dos Fondos adicionales de Convergencia mediante aportación estatal:

-Fondo de Competitividad, para garantizar la equidad y la eficacia de cara a las necesidades de los ciudadanos.

-Fondo de Cooperación: Su objetivo es tratar de equilibrar los niveles de renta entre los ciudadanos.

2º.-Financiación y Estabilidad Presupuestaria.

La Ley 2/2012, supuso el marco de un pacto de estabilidad en el que se esbozaban diferentes mecanismos de compensación solidaria para cumplir con las exigencias del artículo 135 de la CE, tras la Reforma operada en 2011, en base a los compromisos con el Pacto de Estabilidad del Reino de España, suscrito con la UE.

Así se establece la existencia de un Límite máximo de Deuda Publica distribuído de la siguiente forma: 60% de límite general, del cuál corresponderá al Estado un 44%, un 13% a las CCAA y un 3% máximo a las Entidades Locales.

Adicionalmente se Crea el FLA ( Fondo de Liquidez Autonómica) Dirigido por el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y que permite la presentación de planes de Ajuste en caso de desviaciones en los términos regulados legalmente,así como la adopción de adhesiones a medidas de racionalización del gasto.

3º.-Objetivos y Plan 2017-2019.

En Febrero de 2017, el Consejo de Ministros ha aprobado un modelo para a través de un grupo de expertos trabajar en la evaluación de un nuevo modelo de financiación autonómica que permita actualizaciones en el futuro, en el marco de la LO 2/2012 de Estabilidad Financiera y Presupuestaria.

Finalmente, los objetivos de déficit fijados en Diciembre de 2016 para los siguientes ejercicios son:  0,6% 2017, 0,3%2018 y 0% para 2019. Como objetivo común para todas las CCAA.

III.-Relaciones de Colaboración y Cooperación.

Tras la Publicación de las Recientes Leyes 39/2015 y 40/2015 del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público, junto al Juego de los Artículos 148 y 149 de la CE, resulta de interés destacar un marco global de Colaboración y Cooperación, diferenciando ambos:

a) Colaboración: Se referiría a la firma de convenios de Colaboración en los términos de la legislación mencionada arriba, así como los Planes y Programas Conjuntos de Actuaciones.

b) Cooperación:Se trataría de instrumentos fijados tales como las Conferencias de Presidentes, Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación, en los Términos establecidos por las leyes 39 y 40 /2015.

IV.-Administración Local y Provincial.

Al igual que en la Administración Autonómica, la CE, establece y Garantiza en el Artículo 137, la Autonomía de de los Entes locales así como su caracterización y suficiencia.  A tenor del Art 140 de la CE. Tales entes son Municipios, Provincias, Islas y en ciertas circunstancias, Areas Metropolitanas y Comarcas, Así Como Mancomunidades.  Todos ellos están Regulados por la LBRL (Ley de Bases del Régimen Local Ley 7/1985) Así como sus Modificaciones Sucesivas y Complementarias. En este punto la LEy 20/2013 de Garantía de Unidad de MErcado, viene a sentar las bases de una racionalización de cargas coordinada para garantizar un sistema que permita la prestación coherente de servicios en base a la Directiva de Servicios de la UE 123/2006.

Ante los retos futuros de la Agenda 2020, la conexión de las Administraciones a la Red SARA, supondrá una Interoperabilidad total y una convergencia Total con el ENS y ENI en octubre de 2018, fecha en la que está prevista la completa entrada en vigor de los sistemas de registros y puntos únicos de acceso, etc…previstos en la Ley 39/2015.  Este evento supondrá un hito sin precedentes en España.

Finalmente, es importante destacar, que en 2020, al menos el 50% de la población dispondrá de banda ancha de 100 megas,  como servicio universal y el otro 50, al menos de 30 megas, lo que implicará un esfuerzo sin precedentes en los municipios con mayores barreras de acceso a la tecnología. Actualmente, el Informe ONTSI, de febrero 2017, refleja que en el último trimestre de 2016, la convergencia de Banda Ancha en España ya es del 100% con los valores de la MEdia de la Unión Europea, si bien, conviene precisar que aún existe una Brecha digital entre Regiones, pero especialmente debido a la orografía de nuestro Territorio.

V.- Conclusión: Impacto de la Administración Digital. Planes y Lógica Jurídica. Futuro Tecnológico y Tendencias.

La Implantación de lo previsto en las Leyes 39 y 40/2015 implican, claramente el Reconocimiento de Una Administración Digital en España. La Diferente lógica de Anexión entre las Comunidades Autónomas ya viene prevista en dichas Leyes. Dado que el Artículo 149 Establece que las Bases  del Régimen Jurídico de las AAPP, son competencia estatal, se establece un sistema de regulación que supondrá “de facto” una convergencia en términos tanto de interoperabilidad, como de seguridad, como de reconocimiento de los derechos establecidos en los Artículos 3 y siguientes de la Ley 39/2015, así como de generar una convergencia real en 2019 con la Unión Europea en la mayoría de los indicadores básicos, llegando incluso a niveles del 110% en cuestiones tales como la reutilización o la eficiencia de recursos, lo que nos permitirá estar a la vanguardia europea en caso de cumplirse los objetivos previstos en la agenda 2020.

StarViewerTeam 2017

Los cambios que vienen en el marco de la Administración Digital.

Por vez primera en el Siglo XXI, estamos asistiendo a unos cambios que carecen de repercusión en los medios de comunicación.

Y sí, vienen Derechos Fundamentales. Vienen cambios que requieren formación de las personas para ser asimilados.

Las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015 configuran un marco jurídico antes jamás soñado en España, que junto a la legislación de emprendimiento 14/2013 y otras medidas reglamentarias como el ENI (RD 4/2010) y ENS (RD 3/2010),por citar entre muchas, nos colocan en una posición de primer nivel en el mundo.

Y sí, digo bien, en el Mundo, porque resulta que según el Observatorio FIFO en el Marco de la Iniciativa COM(2010)/744, Programa ISA e ISA II UE, somos un referente en Interoperabilidad de Sistemas a nivel Europeo.

Somos Interoperables y Convergentes y somos un Referente.

Vale. ¿Y eso qué significa?

Por Interoperabilidad , se entiende la capacidad que tienen los Sistemas Digitales de las Administraciones para dar un Servicio Universal, Interconectado con todos los Entes, Accesible para todos, Sin Barreras de Acceso, Multilenguaje, Orientado al Ciudadano y Reutilizable, Transparente y Transversal y al tiempo con sometimiento a los principios de Servicio Público, Lealtad al Ciudadano, Eficiencia, Eficacia, Solidaridad, Transparencia, Economía, Igualdad y reutilizabilidad.

Tal es el contexto actual de los desarrollos que desde el 2 de Octubre de 2016, comenzaron a estar en vigor en España, gracias a las Leyes 39  y 40/ 2015, de Procecimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público.

El cambio es radical en todos los aspectos sociales, económicos, transversales y administrativos. Tanto es así, que nos coloca a la Vanguardia del mundo en el desarrollo de la Sociedad Digital, tal y como la OCDE acaba de Reconocer recientemente en el marco del nuevo modelo de Gobernanza Abierta ciudadana, de la que no olvidemos España es impulsor.

Asisitimos a cambios que podrían sonar a ciencia ficción, pero que alcanzan a toda la ciudadanía. Los cambios son:

1º.-Derechos con la Administración. Derecho a relacionarse con las AAPP de forma Digital y a no presentar la documentación que ya obra en poder de aquellas.

2º.-Deber de relacionarse electronicamente con las AAPP para profesionales y empresas en el desempeño de su actividad. Al igual Todo aquel que precise Colegiación Obligatoria, (Abogados, Notarios, Registradores) y Personal funcionario o laboral de las AAPP para el desempeño de sus tareas. Igualmente Personas Jurídicas ( Empresas) y Entes sin Personalidad Jurídica con capacidad de ser Interesados en un Procedimiento administrativo.

3º.-Existencia de Un Portal General de la Administración Española, así como un Punto de Acceso General que consolidará todos los Puntos de Presencia de las Administraciones Públicas en Internet, y donde el ciudadano podrá acceder a realizar todos los trámites administrativos vía Internet, utilizando los sistemas de identificación, certificación y firma digital que se determinan con arreglo a la propia Ley 39/2015 y Reglamento UE 910/2014.

4º.-Formulación de derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP, que tendrán acceso a una carpeta ciudadana ubicada en el Punto de Acceso General, y desde ella podrán recibir notificaciones así como resolver cualesquiera gestiones de forma absolutamente centralizada. (Por supuesto, se acabó lo de vuelva ud. Mañana y lo de vaya a la ventanilla 15 y luego vuelva y traiga lo que ya tengo…etc…) Interoperable significa que el ciudadano no tiene que presentar documentos que ya obran en poder de las AA.PP

6º.-Dado que el concepto de AA.PP es complejo , las Leyes 39 y 40/2015 explicitan lo que se entiende por Sector Público. Por primera vez estamos ante un marco global de regulación del Sector Público que es una Administración Digital de cara al ciudadano.

Por tanto, se implementan controles, plazos, garantías y derechos que ya tímidamente apuntaba la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las AAPP, pero que apenas tuvo calado Institucional.

7º.-¿Y qué implica la Interoperabilidad para el ciudadano? Pues esta es la cuestión más importante de toda la modificación jurídica y el cambio fundamental en las relaciones con el SP (Sector Público) tanto para particulares como para Empresas.

La clave ha sido Potenciar el RD 4/2010, y sus normas técnicas de desarrollo. El ENI, (Esquema Nacional de Interoperabilidad) que es un marco de referencia a nivel Europeo e Internancional.

¿Y eso en qué se traduce básicamente para el ciudadano?

1º.-Catálogo de Estándares de formatos abiertos, es decir, usabilidad y accesibilidad Universal, sin que el formato sea una barrera de acceso en las relaciones con el ciudadano.

2º.-Requisitos del Documento Electrónico, que será clave ya que se establece que el procedimiento administrativo será Digital en todas sus fases.

3º.-Digitalización de todos los documentos que el Interesado presente, lo que hace que el interesado no tenga que presentar originales, salvo excepciones muy tasadas.

4º.-Requisitos muy claros del Expediente Administrativo que es Digital y en todos sus plazos y avances se substancia en los plazos preestablecidos.

5º.-Obtención de Copias Auténticas y Certificados con independencia del cambio de Formato. Algo a lo que el Ciudadano tiene Derecho.

6º.-Intermediación de Datos entre todas las AAPP. Implica que el ciudadano puede registrar, pedir copias, obtener certificaciones de cualquiera de los Organismos Públicos en los que haya presentado Documentación. Todas las plataformas de las AAPP están interconectadas entre sí.

7º.-Modelo de Datos. Implica que Los datos deben obedecer a unos formatos debidamente estandarizados que permitan entender entre diversas plataformas electrónicas su contenido, y que de cara al ciudadano la información sea transparente.

8º.-Política de Gestión de Documentos Electrónicos. Significa que todos los Documentos que el Ciudadano Presente, están estandarizados conforme a unos datos y una clasificación de Organismos que los tratan, almacenan y procesan y que garantiza la Protección de los Datos de Carácter Personal con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. LO15/1999.

9º.-Conexión de las AAPP a una Red de Servicios de Nube Híbrida que presta todos los Servicios con Garantías de Seguridad y Transparencia de cara al Ciudadano.

10º.-Emisión de Firmas digitales y Certificados de confianza, así como claves de acceso.

11º.-Intercambio de Asientos entre Entidades Registrales. Incluye los Protocolos Notariales y los Registros Mercantil y de la Propiedad.  Implica que un documento, presentado por un ciudadano e inscrito en un Registro, ya no deba ser solicitado de nuevo en trámites ulteriores.

12.º-Reutilización de la Información del Sector Público. Implica que cualquier ciudadano o empresa o Administración Pública, puede acceder en términos de Transparencia a Reutilizar los Recursos que el Sector Público ha desarrollado de forma abierta, incluyendo, buscadores geográficos, estadísticas etc…Conforme al Marco Legal de Una Licencia Europea de Código Abierto. (EUPL).

Todos estos cambios están en vigor desde Octubre de 2016, salvo lo relativo al acceso Único a Registros Públicos Electrónicos de la AGE, Registro de Apoderamientos, Punto General de Acceso, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2018, tal y como señala la Ley 39/2015.

Desde el equipo StarViewer estamos muy orgullosos de estos cambios, que contribuirán a un escenario absolutamente evolucionado de lo que hoy conocemos como la sociedad española, y que alcanzará un Paradigma Ético sin Precedentes.


ANEXO. Se recomienda consultar el Código de Administración Eléctronica, disponible en el BOE.

1.-Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.

2.-Ley 40/2015 de Régimen Jurídico Sector Publico.

3.-RD. 3/2010. Esquema Nacional de Seguridad.

4.-RD.4/2010. Esquema Nacional de Interoperabilidad.

StarviewerTeam 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyando el emprendimiento en España por todos los medios disponibles.

Es increíble. Si no nos dejan pensar, tal vez, mejor emprender….Emprender es pensar, vivir, sentir. Ahora que ya tenemos un estatus de emprendedores, hemos conseguido algo muy especial.

Para aquellos que deseen emprender. Reproducimos aquí el artículo correspondiente a los valores del emprendedor en España para todo aquél que desee acceder a los servicios de la Ley 14/2013.

fundadacion_emprendedores_logo

El reciente marco de emprendimiento en España, aprobado por la Ley 14/2013, establece un nuevo concepto del Emprendimiento en  España. Hasta ahora era complicado hacer llegar a los inversores los proyectos de innovación en el emprendimiento. En el marco de las competencias FET, hemos diseñado un sistema para homologar los requerimientos de inversores y emprendedores. Un proyecto debe ser sólido, coherente y demostrar unos valores que atraigan al inversor.

Desde la Fundación, ayudamos a los proyectos a encontrar inversores y a los inversores a localizar proyectos de emprendimiento en el marco de las herramientas previstas en la Ley 14/2013. Actualmente contamos con un importante número de inversores que buscan proyectos que oscilan entre 1M€ y 300M€.  Para ello hemos creado un proceso convergente entre emprendedores e inversores en el marco de la  Orden ECD/1032/2012, de 11 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Eticotaku.  y de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que configura y concreta las bases jurídicas del nuevo marco en España.

Si estás interesado en encontrar inversores para tu proyecto de emprendimiento en el espíritu de los valores de la nueva Ley 14/2013,no dudes en contactar con nosotros.

Desde la Fundación damos prioridad a los proyectos de los jóvenes emprendedores y los mayores de 45 años, así como lalocalización de inversores que quieren apoyar los proyectos de emprendedores españoles con carácter permanente. También, si lo deseas te entrenamos en los valores de la nueva Ley y documentamos tus capacidades de emprendimiento, tu esfuerzo y tu proyecto. Contamos con el reconocimiento Oficial  para esa misión (Orden ECD/1032/2012)  y en este momento contamos con inversores extranjeros que desean aplicar nuestros códigos éticos

Fundación EticoTaku: La Fundación de los Emprendedores de España. 

Nuevos datos empíricos confirman síntomas de autismo infantil relacionados con la exposición al acetaminofeno y al aluminio presente en algunas vacunas.

En esta ocasión ha sido un estudio publicado por el MIT, en concreto (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA &  Internal Medicine Group Practice, PhyNet, Inc., Longview, TX 75604, USA).

La cuestión reviste un especial interés, ya que el reciente estudio analiza los efectos del Aluminio y el acetaminofeno en el marco de la vacunación infantil, y en el ámbito de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

El estudio  realizado por Seneff, S.; Davidson, R.M y Liu, J, pone de relieve :

El autismo es una condición que se caracteriza por deterioro de las habilidades cognitivas y sociales, asociadas a un compromiso de la función inmune. La incidencia es alarmantemente y va en aumento, y los factores ambientales son cada vez más sospechosos de jugar un papel importante.

El autismo ha aumentado de manera constante desde finales del pasado siglo, durante un período en que el mercurio se está eliminando de forma gradual, mientras que la carga de aluminio adyuvante ha ido incrementándose.

En el estudio de EE.UU se identifica varios signos y síntomas que son significativamente más prevalentes en los informes tras de las vacunaciones después del 2000, incluye celulitis, convulsiones, depresión, fatiga, dolor y muerte, y que también se asocia significativamente con vacunas que contienen aluminio.

El estudio propone que los niños con diagnóstico de autismo son especialmente vulnerables a los metales tóxicos como el aluminio y el mercurio debido a insuficiente sulfato sérico y glutación. Parece existir una fuerte correlación entre el autismo y la vacuna triple vírica (sarampión, paperas, rubeola) se observa también, lo que, en parte puede explicarse, por un aumento de la sensibilidad al paracetamol administrado para controlar la fiebre.

Dejamos aquí el estudio para aquellos que deseen profundizar sobre la materia. Realmente lo que se cuestionan no son las vacunas, sino los denominados componentes coadyuvantes o aditivos que son accesorios de la propiedad principal de la vacunación. La cuestión de base reviste especial interés en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, ya que los efectos secundarios, podrían ser evitados utilizando otro tipo de excipientes inocuos para las funciones de los receptores AMPA y NMDA.
Seguidamente, reproducimos el abstract del estudio:
Abstract: Autism is a condition characterized by impaired cognitive and social skills, associated with compromised immune function. The incidence is alarmingly on the rise, and environmental factors are increasingly suspected to play a role. This paper investigates word frequency patterns in the U.S. CDC Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) database. Our results provide strong evidence supporting a link between autism and the aluminum in vaccines. A literature review showing toxicity of aluminum in human physiology offers further support. Mentions of autism in VAERS increased steadily at the end of the last century, during a period when mercury was being phased out, while aluminum adjuvant burden was being increased. Using standard log-likelihood ratio techniques, we identify several signs and symptoms that are significantly more prevalent in vaccine reports after 2000, including cellulitis, seizure, depression, fatigue, pain and death, which are also significantly associated with aluminum-containing vaccines. We propose that children with the autism diagnosis are especially vulnerable to toxic metals such as aluminum and mercury due to insufficient serum sulfate and glutathione. A strong correlation between autism and the MMR (Measles, Mumps, Rubella) vaccine is also observed, which may be partially explained via an increased sensitivity to acetaminophen administered to control fever.
Pueden descargar el estudio completo desde aquí: (http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227)
En el mismo sentido, la revista especializada de salud Infantil “child health safety”  hace difusión de la noticia.
Recordemos que el tema de las vacunas y la seguridad infantil es una de las grandes prioridades del Derecho Científico en materia de Responsabilidad Social Corporativa.  Una de las prioridades actuales de la protección de la salud por contaminación química y electromagnética, en el marco de la normativa, nacional e  internacional.
En la actualidad son numerosos los estudios están profundizando en los efectos secundarios de la exposición al aluminio, mercurio y acetaminofeno de las vacunaciones infantiles, en relación con el Autismo, el Síndrome de Asperger y el denominado TDAH (Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad). Algunos estudios sobre la materia:
1. Syndrome des antiphospholipides : ateliers
La Revue de Médecine Interne, 33 (Supplement 2), p.A8-A14, Dec 2012
doi:10.1016/j.revmed.2012.10.002
…evaluation dical risk factors in autism. J Child Neurol…parents of children with infantile autism: a case- l study. Dev…history of mune diseases and autism spectrum disorders…Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) dren. Clin Dev Immunol 2003…
Published journal article available from   ScienceDirect
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2.
Subject Index
Academic Pediatrics, 12 (6), p.e7-e14, Nov 2012
doi:10.1016/S1876-2859(12)00281-1
…adolescent views on ADHD and their evolving…Increasing adult Tdap vaccination rates by vaccinating…adolescent views on ADHD and their evolving…2012;12:26-35 Autism; see Autistic disorder…Increasing adult Tdap vaccination rates by vaccinating…monovalent H1N1 influenzavaccines among children…
Published journal article available from   ScienceDirect
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3.
Does infectious fever relieve autistic behavior by releasing glutamine from skeletal muscles as provisional fuel?
Good, Peter, Medical Hypotheses, In Press, Corrected Proof,Oct 2012
doi:10.1016/j.mehy.2012.08.035
…behavior phenomenon in the entire autism literature, every knowledgeable person…Speak , a column in the Journal of Autism and Developmental Disorders . Campbell described an…reports of relief by fever in autismADHD, and other disorders. Surprisingly…
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StarViewerTeam International 2012.

La polémica directiva 20: La directiva secreta sobre el despliegue cibernético militar de USA saldrá a la luz por obra de una abogada: Ginger McCall, portavoz de EPIC.

The Washington PostRT informa: La Casa Blanca ha recibido una solicitud para que explique la directiva secreta presuntamente firmada el mes pasado que permite un “despliegue militar en el territorio estadounidense” para reforzar la seguridad cibernética, informa ‘The Washington Post’.

Los abogados de ‘Electronic Privacy Information Center’ (Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica, o EPIC por sus siglas en inglés) demandan que el Gobierno revele el texto de la nueva norma, completamente desconocida antes de que fuera mencionada en la prensa esta semana.  Los abogados de EPIC temen que la norma les deje las manos libres a la Agencia de Seguridad Nacional y al Pentágono para encargar a los militares proteger la infraestructura cibernética y rutas clave de comunicación en el país. “No conocemos lo que está en esta norma y creemos que el pueblo estadounidense tiene el derecho de estar al tanto”, dijo Ginger McCall, una abogada de EPIC.

La nueva norma se dio a conocer luego de aparecer información al respecto en ‘The Washington Post’, que cita a fuentes cercanas a la Casa Blanca, diciendo que la Directiva Presidencial 20 introduce las nuevas reglas sobre “cuándo y cómo los militares pueden actuar fuera de las redes gubernamentales para prevenir un ataque cibernético que pueda causar significativa destrucción o pérdidas”. Según EPIC, la Directiva 20 “puede  violar la ley federal que prohíbe el despliegue militar dentro de EE.UU. sin la aprobación del Congreso”. La solicitud se ampara en la Ley por la Libertad de Información (The Freedom of Information Act), que otorga el poder parcial de acceder a registros federales.

En palabras textuales de Ginger McCall:

“No conocemos lo que está en esta norma, y creemos que el pueblo estadounidense debe estar al tanto”.

Lo que realmente cuestiona Ginger McCall, no es el hecho que la directiva 20 pretende regular, que puede ser legítimo, sino el oscurantismo que la rodea. De hecho, la idea es dar a conocer al pueblo el contenido de su regulación, sus límites, garantías y ámbito de extensión.

En palabras de la portavoz de EPIC, lo que no se justifica es el oscurantismo que es incompatible con lo dispuesto en la (Freedom of Information Act.).

¿Pero qué es la FOIA (Ley de Libertad de Información). ?

Muchas personas desconocen que en USA existe un régimen de garantías constitucionales, que representa la protección de la discreccionalidad y la arbitrariedad de las decisiones gubernamentales.

Tal es la denominada FOIA, cuya defensa es competencia del propio Departamento de Justicia de USA.

Tal y como puede leerse textualmente en la web informativa de la FOIA:

Promulgada en 1966, y con vigencia desde el 5 de julio de 1967, la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] dispone que cualquier persona tiene el derecho, con fuerza ejecutoria judicial, de obtener acceso a registros de dependencias federales, excepto en la medida en que dichos registros (o partes de ellos) estén protegidos contra la divulgación pública por una de nueve exenciones o por una de tres exclusiones especiales de registros de las fuerzas del orden público. Se puede realizar una solicitud de la FOIA para cualquier registro de una dependencia. Antes de enviar una solicitud a una dependencia federal, usted debe determinar en qué dependencia es probable que se encuentren los registros que está buscando. El portal en Internet de cada dependencia contiene información sobre el tipo de registro que la dependencia mantiene.

La FOIA es una ley que le brinda el derecho a acceder a información del gobierno federal. Se la suele describir como la ley que mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno. Bajo la FOIA, las dependencias deben divulgar cualquier información solicitada – salvo que dicha información esté protegida contra la divulgación pública. La FOIA también exige que las agencias divulguen automáticamente ciertas informaciones, incluidos los registros solicitados con frecuencia. Como reconocieron el Congreso, el Presidente y la Corte Suprema, la FOIA es una parte vital de nuestra democracia.

Como ven la dificultad de ejercicio del Derecho, depende de la identificación del Departamento y del hecho que ciertas directivas o resoluciones estén protegidas contra la divulgación pública. La cuestión de la protección contra la divulgación pública es bastante controvertida en USA, y depende de lo que los Jueces y el propio Departamento de Justicia determine.

Lo cierto es que en USA, la judicatura (en general) está bastante separada del resto de los poderes, lo que garantiza en gran medida un cierto límite a las posibles actuaciones discreccionales de la Administración Pública. En ese sentido, todo es defendible y cuestionable pero existen límites objetivos  la consideración de “materias reservadas” y por tanto, no puede justificarse la “materia reservada”en cuestiones que afectan a la convivencia ciudadana ordinaria o que afectan a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas,  salvo que existan situaciones de Extrema Emergencia que afecten a las cuestiones de Orden Público o Seguridad Nacional.

Como verán, el marco de actuación de la cuestión McCall, hace referencia a la transparencia de las cuestiones que han motivado la promulgación de la polémica Directiva 20 y no tanto a las cuestiones de “fondo”. Este punto es muy relevante, ya que por cuestiones de forma, en USA, pueden llegar a quebrar las cuestiones de Fondo. Los formalismos son extremadamente importantes allí, así que una vulneración de los Formalismos de la FOIA, podría llevar inexorablemente a que tuviera que liberarse el contenido íntegro de la Directiva 20, por entenderse que afecta a cuestiones que podrían vulnerar la Libertad de Expresión e incluso la propia Soberanía Nacional.

Por poner un ejemplo inteligible, determinadas cuestiones de seguridad, no pueden vulnerar la Constitución americana para proteger intereses que exceden de forma desmesuradamente desproporcional la protección de los Derechos que la Propia Constitución USA garantiza.

En este sentido, el margen de maniobra de los juristas americanos es bastante amplio, ya que se entiende que la jurisdicción representa también a los intereses del pueblo, y por tanto es considerada “civil servant” o “servidores civiles”. A tal fin se orienta el marco de protección de la FOIA, que se activa pocas veces, pero cuando se activa la protección, las consecuencias suelen ser inexorables si los Jueces determinan que una disposición y/o acto, reglamento o Directiva debe hacerse pública.

Tal es el caso previsto en la FOIA, ya que tal y como se menciona en la propia web del Departamento de Justicia:

Cualquier persona tiene el derecho, con fuerza ejecutoria judicial, de obtener acceso a registros de dependencias federales, excepto en la medida en que dichos registros (o partes de ellos) estén protegidos contra la divulgación pública por una de nueve exenciones o por una de tres exclusiones especiales de registros de las fuerzas del orden público.

Dicho de otra forma, cualquier ciudadano USA, tiene el derecho de pedir con fuerza ejecutiva judicial (fuerza ejecutoria, es decir capacidad de ejecución) la obtención del acceso a registros públicos excepto cuando exista una protección especial contra la divulgación.

La guerra planteada por McCall  está precisamente en discernir si esa “protección especial” está justificada por el mero hecho de que una medida “preventiva” contra el terrorismo, algo que “a priori” podría ser legítimo si las circunstancias de Seguridad Nacional lo justifican, pueda con carácter general vulnerar de forma “preventiva” la garantía de los Derechos Fundamentales, tales como la Libertad de Expresión, La Intimidad y la Dignidad. Por tanto, para que algo así pueda considerarse “Seguridad Nacional”, requeriría la declaración de un Estado de excepción, o una situación análoga a una Guerra, algo que no ha sido declarado, al menos oficialmente, lo que haría que la FOIA fuera de aplicación inmediata para el caso de la Directiva 20 tal y como señala McCall.

Es decir, si no hay declaración de emergencia o alarma no se justifica una norma (la Directiva 20) que autorice total o parcialmente y en secreto a los militares a Intervenir de forma cibernética. Por tanto no se cuestiona la Intervención en caso necesario, sino el secreto de dicha Intervención, ya que dicho secreto vulnera la FOIA y el Estado de Derecho. La consecuencia de aceptar el secreto de la Directiva 20, sería en la práctica la Derogación Implícita de los Derechos reconocidos por la Constitución USA.

Es esa y no otra la línea de actuación que sostiene (la abogada Ginger McCall) EPIC.

De ahí que realmente lo que se pide sea: Conocer la Norma: Es decir, que no sea secreto su contenido.

Recordemos que en un Estado Democrático y  de Derecho, toda norma de Derecho, debe ser conocida y promulgada, y publicada en algún tipo de Boletín Oficial.  En el caso USA, la FOIA garantiza este requisito.

StarViewerTeam International 2012.

 

Algo para recordar: Tu voluntad es la que cuenta: Tú decides.

Eres tú el que decide. Cada vez está más claro. Pero en esta ocasión parece que no quieren escuchar lo que todos decimos. Tal vez, la única forma de que se den cuenta de que tú eres el pueblo en el que reside la soberanía, es viendo este vídeo. 

¿Desde cuando lo olvidaron? O es que acaso ¿no se leyeron el artículo 1 de la constitución?

No importa. Tal vez, deban escuchar esto:

¿Qué significa un Estado Social, Democrático y de Derecho?

Pues muy sencillo: Que es el Pueblo el que sostiene el vértice de la Pirámide. Si el Pueblo deja de sostener el vértice de la Pirámide, ellos dejan de tener sentido.

Algo para recordar. Dedicado a todos los que están siendo perseguidos por defender a los más débiles. Dedicado a los que no pueden ni deben callar. Dedicado a todos los que dedican su vida a defender los Derechos Fundamentales.

StarviewerTeam International 2012.

 

 

¿Qué significa un Estado Social, Democrático y de Derecho?

Muchos no se han dado cuenta, pero todos lo tenemos muy cerca. Tan cerca que no hace falta más que leer el Artículo primero de la Constitución Española de 1978, (Aún en vigor).

Podemos leer sin lugar a discusiones en el Art 1º.1 que:

España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho…

Bien. Un curioso trabalenguas para algunos, ya que se tratan de forma simultanea cuatro conceptos fundamentales: (Estado, Social, Democrático y de Derecho). Ni más ni menos:

1º.-Un Estado: Algo que algunos pretenden cuestionar, y que claramente es incuestionable hasta que no se modifique el texto constitucional. (Con esto ni manifestamos acuerdo ni desacuerdo, simplemente nos remitimos a la legalidad vigente del texto constitucional y su rigor). Obvia decir que están de más todas aquellas manifestaciones que van en contra de la voluntad general de todos los ciudadanos hasta que no se vuelva a refrendar otra Constitución que sustituya la vigente.

2º.-Social. Curiosa referencia, con ella se pretende reforzar la estructura basada en el pueblo, donde reside la Soberanía. Es decir, es el pueblo, no los políticos los que deciden lo que España es y debe ser, y a tal efecto el propio Título Preliminar de la Constitución acoge figuras tales como la representación sindical, laboral, asociaciones empresariales, así como toda serie de referencias a asociaciones ciudadanas de interés legítimo, fundaciones, etc…Es más en el Artículo 7º. de la CE, se establece la capacidad para la libertad de su creación y ejercicio de su actividad. Incluso va más lejos, ya que se garantiza la obligación del Estado de promover la libertad e igualdad de los grupos sociales (Art 9º.2), reconociendo con la máxima amplitud no únicamente el derecho de asociación (Art 22) y las formas específicas de asociación, como la sindical, reconociendo los derechos de huelga y negociación colectiva (Arts 28 y 37), así como otras formas tales como las Fundaciones, Asociaciones, Colegios y Organizaciones Profesionales, atribuyéndoles derechos tales como la planificación económica general, (Art 131.2), la Participación de las empresas en sociedad cooperativa (Art 129), recogiendo los principios de solidaridad cooperativa, (105) en las decisiones que afectan a los agentes sociales, Las Asociaciones de Consumidores y usuarios (Art 51), la negociación colectiva (Art 51) y una Seguridad Social Pública (Art 41).

Pero no queda aquí la consideración de “Social” sino que va más lejos, hasta el punto que expresamente configura un artículo el 9º, para impedir malentendidos que establece literalmente que:

9º.2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social“.

Curioso citar esto en los tiempos que corren. No está de más recordárselo a los que lo incumplen sistemáticamente. Todos ellos juraron en sus nombramientos defender y respetar la Constitución Española. (¿Lo sabían?).

Pero sigamos. Esto se pone cada vez más interesante. La libertad, se empareja con la igualdad en la CE de 1978.

Y así es: Desde este punto de vista, el párrafo primero del art. 9º de la Constitución, significa dos cosas: Primero, que el Estado asume una acción positiva al servicio de la libertad, como contenido básico de la dignidad humana y de los derechos inviolables que le son inherentes (Art 10). Pero así mismo, también se proyecta esa acción del Estado hacia una realización efectiva, que consiste fundamentalmente en la remoción de obstáculos, trabas para promover las condiciones efectivas de igualdad. Esto implica una función de redistribución de renta y riqueza, tanto a nivel personal, como a nivel regional, tal y como expresa literalmente el artículo 40.

Para una distribución de la renta personal y regional más equitativa. (Art 40).

3º.-Estado Democrático:

Pero ¿Qué significa un estado democrático? Pues es sencillo: Aquel en el que la soberanía nacional reside en el pueblo que lo constituye. Esto es: el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y no a la inversa como muchos parecen querer dejar entrever. Y el término se reitera una y otra vez a lo largo de todo el texto constitucional incluso en lo relativo por imperativo al funcionamiento interno de los propios partidos a los que se pide que adecúen su estructura interna (art 6º), y al igual, plantea la misma exigencia al resto de las asociaciones del artículo 7º, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, etc…

Pero no se queda ahí, ya que consciente de la necesidad de proveer un presente y un futuro democrático que quede garantizado en el tiempo, establece que la educación, que es la base de los pilares del sistema, debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia (art 27) ya que el Preámbulo insiste en declarar que se proclama y se garantiza una convivencia democrática y una sociedad democrática avanzada.

Pero bajemos a la estructura última y a los mecanismos de garantía de ese estado democrático:

La participación de los ciudadanos es la base de todo el sistema: Sin ciudadanos no hay democracia y son los ciudadanos los que deciden en la base social con el respeto a las mismas normas y principios que hacen que la sociedad sea plural, avanzada y democrática. Dicho de otra manera: La Soberanía Nacional Reside en el Pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Sin Pueblo no hay soberanía. (¿Alguien lo duda?) Pues parece que todo esto muchos lo han olvidado.

Pero bajemos a las instituciones concretas: El artículo 66, señala que las Cortes Generales son representantes del pueblo español, que también debe estar representado en la Administración y en la Justicia, que no olvidemos son servidores civiles, tal y como establecen los arts (105 y 125). Pero incluso esta representación debe llegar al ámbito de la Seguridad Social (art 129) de ahí su carácter Universal. 

Pero es que recordemos que el Gobierno está vinculado en el Título V de la Constitución (ésta le dedica un título entero) a las Cortes Generales por responsabilidad política, ya que es el órgano de representación del Pueblo en la ejecución de esa soberanía. Por tanto, es el pueblo el verdadero titular del sufragio universal, libre, directo, igual y secreto.

Pero es que adicionalmente, esa soberanía se refuerza con otros tres principios, el de referendo (art 92) el de iniciativa legislativa (art 87) y el de referendo de ratificación constitucional (art 168).

4º.-Un Estado de Derecho.

El Artículo 10 de la Constitución dice textualmente:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

Ello significa como  Social y de Derecho que el Estado debe promover y promueve las condiciones y remueve los obstáculos, para que la libertad y la igualdad que corresponden a la dignidad de la persona sean efectivas.

Por último, el apartado 3 del artículo 9º de la Constitución Española, determina una serie de principios generales que deben constituirse en garantía de ese Estado de Derecho, y son:

1º.-Los principios de legalidad y jerarquía normativa, para que las normas de inferior rango jerárquico no vulneren lo dispuesto en las normas de superior jerarquía, (Art 106 y 161) de forma que los reglamentos y/o actos administrativos del Gobierno, no puedan vulnerar lo dispuesto en la Legislación aprobada en Cortes, ni ésta lo dispuesto en las leyes orgánicas, ni las Leyes Orgánicas lo dispuesto en la Constitución, salvo los oportunos procedimientos de Reforma Constitucional y los denominados estados excepcionales previstos para casos de emergencia.

2º.-La publicidad de las normas y su publicación en el BOE que es garantía de seguridad.

3º.-La irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, ninguna norma puede con efectos retroactivos limitar derechos adquiridos o expectativas jurídicas legítimas.

4º.-La interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos, como un efecto complementario para sujetar esos poderes al Derecho, evitando resoluciones arbitrarias, (art 102, 121, etc..) Respecto del Gobierno, la Administración de Justicia, etc…Pero así mismo, también la interdicción de la arbitrariedad de las Comunidades Autónomas, establecido en los arts 153 y 155.

5º.-La garantía de la seguridad jurídica, como cumplimiento de ese principio general del Estado de Derecho.

Por tanto, una vez más desde el final, volvemos otra vez al principio para recordar a todos aquellos que lo han olvidado, que España es un Estado, Social, Democrático y de Derecho, y en el que los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial emanan del Pueblo en el que reside la soberanía.

Esas y no otras son las exigencias  del artículo 1º de la Constitución y aquí se lo recordamos a todos aquellos que parecen haberlo olvidado, en especial a la clase política en general, que hace poco (individual y colectivamente) juró cumplir esa Constitución, juramento que les vincula con el pueblo soberano.

Saquen sus propias conclusiones.

StarViewerTeam International 2012.